La administración electrónica debe tener un enfoque estratégico dirigido a reducir las barreras de acceso al mercado interno de servicios y la movilidad dentro de la región, lo cual se deriva de la implantación eficaz de políticas económicas nacionales, regionales y locales. Esto último es requisito indispensable.
No obstante, introducir la administración electrónica no es fácil. Para poder ofrecer servicios centrados en el usuario y reducir el papeleo, es necesario que los distintos departamentos y niveles gubernamentales compartan la información (por ejemplo, entre el ámbito local y el nacional). Muy a menudo esto supone un cambio organizativo que requiere de una disposición a replantear los modos de trabajo preestablecidos, lo que suele crear resistencia. Además, la administración electrónica no es gratuita, y por lo general, los resultados no son inmediatos.
Hay cuestiones importantes y difíciles de resolver para llegar a una implantación total de la administración electrónica. Entre ellas, la construcción de una infraestructura tecnológica cuya función no será otra que salvaguardar la confianza de las transacciones en línea con y entre las administraciones públicas. Otra cuestión, es lograr masificar entre los ciudadanos el acceso y uso de los servicios en línea de modo que no se cree ninguna «fractura digital». Otro punto tiene que ver con la interoperabilidad de los sistemas de información para el intercambio de datos la misma que debe ser diseñada para rebasar fronteras organizativas y desarrollar unos servicios que favorezcan la movilidad de los ciudadanos dentro del mercado interno y de la región.
En este contexto, se necesita un liderazgo político fuerte capaz de vencer la resistencia y las barreras, cambiar la mentalidad, introducir el cambio organizativo, mantener la inversión, tener en mente la perspectiva a largo plazo y, al mismo tiempo insistir en logros concretos a plazos más cortos.
Gesvin Romero 
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